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Se consolida a pasos agigantados un estado de excepción

01/04/2017

Wadih Damous, abogado y diputado federal por el PT, es uno de los críticos mejor fundamentados del gobierno actual, consecuencia de un golpe parlamentario forjado por fuerzas políticas, articuladas con el sistema jurídico-policial, que nunca aceptaron a un presidente venido del piso de abajo, representando a los sobrevivientes de la tragedia brasileira, las profundas desigualdades sociales, la gran población negra y los que históricamente fueron siempre puestos al margen. De repente, a través de los cambios sociales inducidas por las políticas de los gobiernos Lula-Dilma, millones de personas pudieron ser integradas y recuperar su dignidad. Negar este hecho histórico es falsear la realidad, reconocida internacionalmente. Pero la ceguera de los pocos adinerados y sus lacayos les impide ver a esas hermanas y hermanos suyos hundidos en el sufrimiento y la miseria.

Un Congreso compuesto por una gran mayoría de imputados, de acusados por la justicia y de corruptos jamás tendría autoridad y legitimidad para tocar la Constitución como lo están haciendo ahora. Este hecho revela solamente nuestro atraso civilizatorio y la farsa de nuestra democracia representativa. Les falta dignidad, peor aún, les falta vergüenza. Me permito transcribir un artículo analítico del diputado Wadih Damous, cuyas palabras hago mías.

«En las disposiciones constitucionales que atañen a la competencia de los diversos órganos del Poder Judicial, no se encuentra el verbo “combatir”, signifique lo que signifique. Corresponde al poder judicial procesar y juzgar los hechos que se distribuyen de acuerdo con la competencia específica de cada órgano jurisdiccional. Punto.
En la lista de las funciones institucionales del Ministerio Público (MP) art. 129 e incisos, no hallamos, igualmente, el citado verbo. No corresponde, a decir verdad, al MP “combatir” ninguna cosa, sino obrar de acuerdo con sus funciones institucionales previstas expresamente en el texto constitucional. Punto.

La atribución de combatir ilícitos penales pertenece a la institución policial. Causa sorpresa, pues, la naturalidad con que agentes públicos –jueces y procuradores de la República– se auto-atribuyen el papel de “combatir la corrupción”.
Pero incluso otros actores, algunos pertenecientes a la esfera de la izquierda, reconocen en aquellos agentes la prerrogativa de tener una “agenda política”, vaya usted a saber lo que eso quiere decir.

Que haya miembros del ministerio público y de la magistratura con “agenda política” sólo se explica en el contexto de un estado de excepción, que se consolida a pasos agigantados en Brasil.

En las democracias consolidadas es impensable que los fiscales y jueces construyan una tal “agenda política”. Como se mencionó anteriormente, los jueces y los fiscales están sujetos a las normas de competencia previstas en la Constitución de forma expresa y exhaustiva. Inventar o autoasignarse competencias distintas significa sumergirse en el estado de excepción.

Lo que vemos hoy en día, sobre la base de esta teratológica “agenda política”, es la práctica de verdaderas atrocidades legales cometidas por justicieros vestidos con toga y fiscales mesiánicos que se han arrogado la misión de “salvar a Brasil de la plaga de la corrupción”. De ahí la idea delirante de una “fuerza de trabajo”, en la que ya no se distingue el papel de policía, juez y acusación. Con esto, se ignora el derecho de defensa y se hieren de muerte los derechos y garantías fundamentales.

En nombre de “salvar el país” determinados jueces ya no se distinguen de la acusación. La equidistancia constitucional que el magistrado debe guardar entre la defensa y la acusación simplemente se convierte en letra muerta. De ahí a concluir patológicamente que las pruebas no son necesarias, ya que se posee la convicción, hay solo un paso.

En la anarquía que el estado de excepción produjo dentro del sistema de justicia, la política ha sido secuestrada por agentes de policía, fiscales y jueces. Incensados y embriagados por la atención de los medios monopólicos, han perdido todo y cualquier prurito relacionado con la dignidad de sus cargos. Se han convertido en estrellas del monopolio mediático, de quienes reciben premios y condecoraciones, posan para fotos con investigados y acusados, y siempre están listos para opinar sobre todos los asuntos de política nacional.

Si efectivamente consideran la militancia política como algo esencial para sus vidas, que dejen a un lado sus togas, y hagan política como militantes o se presenten como candidatos para concejal, diputado, senador, gobernador o presidente. Que disputen el voto y la preferencia del electorado. Sin embargo, a juzgar por la actitud moral media que muestran, dudo que sean capaces de un gesto de tal magnitud».

Wadih Damous esdiputado federal por el PT y expresidente de la OAB-RJ. En el sitio Nocaute del 29 de marzo: “Procuradores e juízes com agenda política violam a Constituição”.

Transcrito por Leonardo Boff, articulista del JB online y escritor.

Traducción de Mª José Gavito Milano

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